Tras el escándalo ocurrido este marzo en las elecciones de El Salvador, se ha vuelto un tema candente de discusión el nivel de solución tecnológica que necesitan los órganos electorales para poder gestionar correctamente el caudal de votos. Aquí va un detalle de cuatro de los conflictos más recientes…Sin duda, se necesita contar con sistemas y proveedores certificados para llegar a buen puerto.
Caso Bolivia
Bolivia tuvo una experiencia difícil de olvidar en sus elecciones nacionales para designar presidente y vicepresidente de la República, miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. A comienzos de octubre de 2015 el Tribunal Supremo Electoral gestó el escrutinio provisorio de los votos con una solución desarrollada internamente por la autoridad electoral.
El Tribunal Supremo Electoral había asumido el compromiso público de procesar y difundir datos parciales con el siguiente cronograma: un 30% del total de las actas electorales a las 20:00 horas, un 70% antes de la medianoche del domingo 12 de octubre y para las 7.00 hs del lunes 13 de octubre completar un 90%.
El sistema fracasó y los plazos fueron incumplidos. Para el lunes 13 de octubre por la mañana solamente había podido difundirse un 2,98% de las actas de cómputo. El TSE afirmó que, debido a que recibió alertas anónimas de ataques informáticos que generaban el recalentamiento de sus equipos, debió suspender el cómputo de las actas de escrutinio por un par de horas en la mañana del lunes.
‘Hemos tenido problemas en el sistema de transmisión de datos que se recalentó, se volvió lento y no superó de acuerdo a las pruebas que nosotros hemos establecido. La preocupación se centró además en las amenazas que recibimos de posibles hackeos’, confirmaba Ramiro Paredes, vocal.
Caso Ecuador
En Ecuador ocurrió un caso similar en las elecciones seccionales de Febrero de 2014. Los ciudadanos debían elegir sus prefectos y viceprefectos, alcaldes municipales, concejales y miembros de juntas parroquiales.Bajo el proyecto de implementación de un sistema de transmisión de resultados electorales, el Consejo Nacional Electoral contrató a Scytl Secure Electronic Voting.
La empresa ofrece una plataforma para gestión de la votación, y puntualmente en la región, Scytl ha proporcionado servicios a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y llevó a cabo la consulta ciudadana en línea para los presupuestos participativos de 2013 en el Distrito Federal de México.
El problema fue que una vez finalizada la jornada electoral, el sistema de transmisión de resultados no funcionó. Si bien con el correr de los días, se fue solucionando paulatinamente, los plazos contractuales para la entrega de resultados no fueron cumplidos, además no pudo divulgarse información de resultados electorales durante la noche electoral, objetivo de todo sistema de recuento provisorio. Se contempla que recién dos días después se había ingresado el 58% de las 140.000 actas de todo el país.
El Consejo Nacional Electoral firmó un contrato con la compañía española por un monto aproximado de 7.800.000 dólares, tras la reunión de ambas entidades en sus oficinas de Barcelona, España, con el objetivo de finalizar la hoja de ruta para la modernización electoral. Fue la primera vez que la compañía trabajaba en comicios en Ecuador. Desde el 8 de enero de 2015, Scytl está incluido en el registro de proveedores incumplidos, lo que lo inhabilita para ser contratado con el Estado ecuatoriano hasta el 7 de enero de 2020.
Caso El Salvador
Ante las elecciones legislativas nacionales, municipales y de representantes ante el Parlamento Centroamericano del 1º de marzo 2015, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador contrató a un conglomerado de pequeñas y medianas empresas locales para que se encargaran del procesamiento, difusión y transmisión de los resultados electorales tras la votación. Sin embargo el sistema que diseñó e implementó la entidad electoral no funcionó nunca.
Los conflictos comenzaron en un primer momento dado que los folios de las actas se escaneaban y transmitían desde los centros de votación en cada comunidad hasta el sistema central de manera incompleta. Esto generó que a la hora de procesar los datos, la Junta Receptora de Votos no pudiera tener acceso o procesar el resultado de ni siquiera un acta. Esto se agravó en la noche de la votación ya que no había ningún tipo de información o comunicación por parte del TSE.
Con el paso de las horas, en las redes sociales y los programas informativos de radio y televisión fue creciendo el cuestionamiento al organismo en general y al presidente de la institución, Julio Olivo, en particular. El problema se terminó de empeorar el martes 3 de marzo, cuando el Tribunal Supremo Electoral no pudo instalar las mesas que llevan adelante el escrutinio definitivo por no contar con todas las actas previas. Fue cuestionado así por varias Juntas Electorales Departamentales y Municipales, con lo que no pudo iniciar el escrutinio definitivo en el plazo establecido en el Código Electoral salvadoreño.
Entre el martes 3 y el miércoles 4 de marzo la gremial empresaria, fundaciones, los principales periodistas y analistas políticos han profundizado la crítica al TSE, desde exigencias de cambios profundos hasta pedidos de renuncia. Algunos candidatos a alcalde comenzaron a cuestionar la transparencia de la elección.
Caso México
Un caso reciente de fallas en los sistemas de fiscalización se registró a finales de septiembre del año pasado nuevamente con Scytl Secure Electronic Voting. La empresa comenzó con el proyecto del sistema de fiscalización de ingresos y gastos de los partidos, ganando un contrato por 4.5 millones de dólares y tres años para desarrollar y mantener el sistema de fiscalización de ingresos y gastos de los partidos para el Instituto Nacional Electoral de México.
El primer anteproyecto consistió en un módulo de contabilidad que debía entregarse la segunda semana de diciembre de 2014. Una vez llegada la fecha, la empresa envió una presentación de PowerPoint donde se mostraba una parte del sistema de gestión de usuarios y señalaba que el módulo sería entregado en Marzo, a pesar de que el contrato fijaba que la fecha de entrega era ese mismo día.
Tras este primer traspié, los consejeros comenzaron a pedir explicaciones, ya que necesitaban con urgencia el sistema. Se convocó a Scytl Secure Electronic Votinga varias reuniones para que explicaran los motivos del retraso y al mismo tiempo se evalúe su capacidad de cumplimiento. La empresa no se dignó a presentar argumentos ni avances, por lo que funcionarios del Instituto Nacional Electoral determinaron que no tenía capacidad para cumplir ni en el corto, ni en el mediano plazo con el proyecto.
Para cumplir con sus atribuciones, se contrató a la Universidad Nacional Autónoma de México que se encuentra desarrollando un sistema de emergencia in-house. A Scytl se le rescindió el contrato y se adjuntó el cobro de una multa de 4 millones de pesos mexicanos. Por otra parte, la empresa se encuentra bajo revisión por la Contraloría General del que los inhabilitará a la empresa y a sus asociados por un periodo entre uno y cinco años. Alfredo Cristalinas, director de Fiscalización de INE fue removido de su cargo y está siendo sujeto de investigación por su responsabilidad en la contratación.
