Para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la nueva Ley de Medios es una oportunidad de avanzar en la eliminación de las asimetrías existentes para que los proveedores de servicios puedan competir en igualdad. Una regulación moderna debe acompañar el desarrollo de la industria y buscar la mejora de las ofertas recibidas por los consumidores en términos de calidad, accesibilidad, asequibilidad y pluralidad de oferta.
Es fundamental que Uruguay pueda continuar avanzando hacia un mercado en el que cada operador pueda prestar todos los servicios que le permita su tecnología, tal como recomiendan organismos internacionales como la OCDE. En esta línea, el país requiere de un marco normativo que genere los incentivos necesarios para promover la inversión eficiente en el despliegue de servicios, a través de unas reglas de juego parejas para todos los proveedores de servicios equivalentes. Una normativa que amplíe la capacidad de desarrollo de un sector clave para la recuperación económica post pandemia.
Los cambios que se introduzcan deben promover las inversiones necesarias en un sector en constante evolución para tener garantías respecto a la mejora de la calidad, extensión y acceso a los servicios, consumar el cierre de la brecha digital e incentivar el uso productivo de las Tecnologías de la Información y la comunicación.
Si bien el proyecto de Ley parte de una voluntad positiva para el desarrollo del sector, y de la necesidad de actualizar la regulación vigente al contexto actual del mercado, hay asimetrías existentes que se mantienen y profundizan la desventaja competitiva al no permitir a todos los operadores participar del mercado audiovisual y de Internet en igualdad de condiciones, en perjuicio de los usuarios.
Resulta adecuada la eliminación de algunas restricciones vigentes. Sin embargo, la posibilidad de los operadores de expandir su oferta debería habilitarse de forma clara incluyendo a todas las empresas del sector para garantizar la sana competencia. Una eventual limitación a prestadores por razones tecnológicas no tiene fundamentos técnicos que expliquen cuáles son los beneficios para los usuarios de que algunas empresas queden excluidas de ofrecer determinados servicios, y va en contra de las garantías constitucionales que dan soporte al derecho de los usuarios de contar con distintas alternativas que se adecuen a sus necesidades de consumo.
En definitiva, para promover el desarrollo del mercado audiovisual y de Internet, es clave asegurar la pluralidad de oferta para los consumidores. La apertura del acceso a los servicios de telecomunicaciones continuará siendo una necesidad en el país. La regulación debe generar las mejores condiciones para el desarrollo del mercado, sin elegir ganadores ni perdedores. Uruguay está a tiempo de aprovechar la oportunidad para incorporar las mejores prácticas internacionales y generar una normativa de modelo que se adapte a la realidad tecnológica y de mercado vigente, que se proyecte a futuro, y permita gestar un mercado innovador y pujante en beneficio de los usuarios de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones.
