Por Alyssa Iyer, directora de producto para Prevención de Lavado de Dinero (AML) en Lynx Tech.
Las últimas políticas financieras de Argentina están siendo noticia, en particular el esfuerzo del gobierno por sacar dólares ocultos en las sombras y llevarlos al sistema bancario formal. Un elemento central de ese esfuerzo es un cambio significativo: elevar los umbrales para informar sobre grandes depósitos en efectivo y compras de bienes raíces o vehículos, ¿pero qué significa esto para los bancos y por qué debería importarles a los ciudadanos de a pie?
Para alentar a los argentinos a depositar efectivo no declarado anteriormente, el gobierno casi ha duplicado el umbral de notificación. Según las normas actualizadas, los bancos ahora están obligados a notificar a las autoridades solo cuando una persona deposita más de 40 veces el salario mínimo mensual en efectivo, como se describe en la Ley 25.246. Se han realizado ajustes similares para las compras que requieren grandes cantidades de efectivo, como propiedades y vehículos. Además, las instituciones financieras ya no pueden confiar únicamente en las declaraciones de impuestos para confirmar la identidad de un cliente durante el proceso de incorporación.
A primera vista, estas resoluciones podrían parecer indicar que los requisitos regulatorios se están relajando. Sin embargo, las obligaciones fundamentales del régimen de lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) de Argentina siguen firmemente vigentes. Los bancos están obligados por la regulación AML de Argentina a monitorear todas las transacciones de sus clientes, incluidas todas las transacciones en efectivo y no solo aquellas que alcanzan o superan el umbral de notificación del gobierno. Además, deben investigar las transacciones que se desvían del comportamiento financiero esperado. Aunque será necesario realizar cambios en las políticas y los sistemas para reflejar la nueva realidad, los requisitos fundamentales de lucha contra el lavado de dinero siguen intactos.
Esta continuidad es especialmente importante a la luz de cambios más amplios en la política económica. Se espera que el plan de normalización del efectivo del gobierno aumente el flujo de moneda física al sistema bancario, reintroduciendo el efectivo en los canales formales. Si bien esta medida puede apoyar la inclusión financiera y la estabilidad económica, también aumenta la exposición a los riesgos inherentes al efectivo: una trazabilidad limitada y un grado de anonimato que lo hacen atractivo para el lavado de dinero.
Es importante reconocer que tener dinero en efectivo no es ilegal. Muchas personas lo hacen por razones totalmente legítimas, como salvaguardar sus ahorros contra la inflación. Sin embargo, en algunos casos, el dinero en efectivo puede provenir de fuentes ilícitas, y las personas involucradas pueden no estar dispuestas a proporcionar información que pueda revelar el verdadero origen de sus fondos. Para evitar ser detectados, algunos pueden participar en la ‘estructuración’, una práctica que implica depósitos repetidos en efectivo justo por debajo de los umbrales de notificación obligatorios o que los depósitos se extienden a lo largo de varios días.
Estos comportamientos se encuentran entre las tipologías de alto riesgo descritas en la Resolución 14/2023, que siguen siendo relevantes en el contexto actual. Para las instituciones financieras, tener una visión integral del cliente a través del comportamiento, el historial de transacciones y la actividad esperada puede ayudar a evaluar con mayor precisión si el volumen, la frecuencia y los patrones de movimiento de efectivo reflejan un uso legítimo o indican un riesgo elevado.
Además, debido a que los bancos ya no pueden confiar en los documentos fiscales para la incorporación o verificación de clientes, deben adoptar métodos alternativos para confirmar la identidad y el perfil financiero de un cliente. Además de las prácticas de Conozca a su Cliente (KYC por sus siglas en inglés), entre los componentes críticos de ese perfil de riesgo holístico se incluye la comprensión de la línea de negocio del cliente, para así evaluar mejor la fuente potencial de fondos, así como también la evaluación de los clientes para detectar sanciones, noticias adversas en los medios de comunicación o estado de PEP (persona políticamente expuesta). Disponer de esta información ayuda a evaluar si la actividad de movimientos de efectivo se alinea con el perfil de riesgo del cliente y la fuente de fondos.
Estos cambios normativos presentan tanto una oportunidad como un desafío. Ofrecen la oportunidad de aportar más fondos a la economía formal, al tiempo que exigen que las instituciones financieras agudicen su supervisión. Estos cambios pueden incitar a los bancos a revisar sus controles de AML, mejorar la debida diligencia del cliente e invertir en herramientas que brinden una comprensión del comportamiento y el riesgo del cliente de manera efectiva.
Al adoptar un enfoque proactivo y basado en el riesgo, las instituciones financieras pueden ayudar a garantizar que este nuevo capítulo de la política financiera de Argentina conduzca a un crecimiento sostenible, y no a una exposición no intencional.
