Por: Magalí Dos Santos, CEO de EDS Informática.
Tras un ciberataque de gran escala, la primera reacción es buscar certezas. Pero lo cierto es que, en las primeras horas, el alcance real es prácticamente imposible de dimensionar. Lo que se conoce es apenas la superficie: detrás puede haber semanas o meses de acceso no detectado.
En ataques coordinados, la filtración masiva suele ser el punto final, no el inicio. Por eso, los organismos afectados deben asumir que la brecha es mayor y que el análisis llevará tiempo. Determinar el impacto real requiere auditorías forenses, revisión de logs y reconstrucción de la actividad del atacante dentro de los sistemas, un proceso que no es inmediato.
Mientras tanto, el riesgo más inmediato recae sobre la población. Los datos filtrados permiten fraudes cada vez más sofisticados: phishing creíble, suplantación de identidad y extorsión. Con información personal sensible, los ciberdelincuentes pueden construir engaños mucho más efectivos y difíciles de detectar.
En paralelo, es esperable que algunas instituciones deban limitar o suspender servicios para contener el incidente, lo que puede generar demoras y afectar la operación cotidiana. Este tipo de situaciones también suele exponer falencias estructurales en materia de ciberseguridad y acelerar discusiones sobre la necesidad de actualizar marcos regulatorios.
La clave es entender que el impacto no termina cuando el ataque se contiene. Los datos ya circulan, y sus efectos pueden extenderse durante meses, incluso en forma de fraudes personalizados que aparecen mucho tiempo después.
