En un momento clave para el desarrollo del ecosistema digital en Colombia, se llevó a cabo el Diálogo sobre libertad de expresión, gobernanza digital y derechos fundamentales, un espacio de reflexión impulsado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que reunió a congresistas, académicos y representantes del sector privado con un objetivo común: construir un marco regulatorio equilibrado que proteja los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, promueva la innovación y el crecimiento económico en la era digital.
María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, una de las voceras principales del evento y resaltó la importancia de abrir canales de conversación multisectorial: ‘Este diálogo nace de la necesidad de anticiparnos a los impactos de una legislación digital que puede afectar profundamente la libertad de expresión y otros derechos. La meta es avanzar hacia una internet abierta, plural y segura, que proteja a los usuarios sin obstaculizar el desarrollo económico digital’.
El contexto legislativo colombiano está en plena transformación. Actualmente se debaten iniciativas orientadas a combatir el abuso en línea y proteger a menores, pero algunas de estas propuestas podrían derivar en efectos contraproducentes, como censura previa o vigilancia excesiva.
Quiñones subrayó que ‘si bien las intenciones son legítimas, es necesario asegurar que las medidas adoptadas cumplan con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad’.
Desde la CCCE se advirtió sobre los riesgos que una regulación mal diseñada puede implicar para la operación eficiente de plataformas digitales y la confianza del consumidor. Uno de los temores más fuertes es que se generen obligaciones que afecten la libertad de expresión o impongan responsabilidades desproporcionadas sobre los intermediarios tecnológicos.
En el evento se dejó claro que proteger a niños y adolescentes en línea es prioritario, pero debe hacerse con medidas basadas en evidencia, que eviten el uso de herramientas de vigilancia masiva y contemplen salvaguardas judiciales. Además, se enfatizó la necesidad de invertir en alfabetización digital, infraestructura tecnológica y educación STEM para que la protección esté acompañada de empoderamiento ciudadano.
Principios para una regulación moderna y justa
La ejecutiva señaló que cualquier marco regulatorio debe estar alineado con principios como la defensa de los derechos humanos, la proporcionalidad, la neutralidad tecnológica y la transparencia. También insistió en que la libertad de expresión debe ser el eje articulador de la gobernanza digital, permitiendo así políticas públicas más incluyentes y efectivas.
Las plataformas digitales, junto con los usuarios, tienen un papel activo en la prevención de fraudes y la desinformación. El fortalecimiento de medidas de ciberseguridad, la adopción de estándares de protección de datos y la educación digital del consumidor son claves para mitigar riesgos en el entorno online. Quiñones recordó que tanto empresas como usuarios deben mantenerse informados y actuar de forma preventiva ante posibles amenazas.
Durante el diálogo se destacó la importancia de mirar experiencias internacionales exitosas, como los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza el derecho de los menores a expresar libremente sus ideas y acceder a información. Sin embargo, la vocera fue enfática en que ‘Colombia necesita una regulación pensada desde lo local, con una lectura clara de su realidad social, económica y cultural’.
El principio de neutralidad de la red fue defendido como un factor determinante para el desarrollo del comercio electrónico y la competencia digital. Dar trato preferencial a ciertas plataformas o contenidos puede limitar el crecimiento de nuevas empresas e impedir la innovación. ‘Una red abierta y sin discriminación es fundamental para construir un ecosistema más inclusivo, competitivo y dinámico’, afirmó Quiñones.
Colaboración para una gobernanza digital inclusiva
Uno de los consensos más importantes del evento fue la necesidad de colaboración entre el sector público, privado, académico y organizaciones comunitarias. Mejorar el acceso a internet en zonas rurales, impulsar la infraestructura digital y generar capacidades en la población son pasos indispensables para cerrar brechas y democratizar las oportunidades que ofrece la economía digital.
La presidenta de la CCCE hizo un llamado directo a los legisladores:
‘No todas las soluciones globales son replicables. Es crucial construir una regulación digital desde el contexto colombiano, involucrando a empresas, sociedad civil y academia. Solo así lograremos una gobernanza digital que garantice los derechos humanos, fomente la innovación y genere valor para toda la ciudadanía’.
El Diálogo sobre libertad de expresión, gobernanza digital y derechos fundamentales se posiciona como un hito relevante en la conversación sobre el futuro digital del país, reforzando la idea de que una regulación adecuada no debe elegir entre derechos y desarrollo, sino lograr que ambos se potencien mutuamente.
