Ley de Ductos: libertad y más fibra óptica elevarán calidad de Internet
No es menor… Más bien es otro hito para la industria de las telecomunicaciones la entrada en vigencia de las nuevas modificaciones a la Ley 20.808, más conocida como Ley de Ductos, que desde el año 2018 promete empoderar a los consumidores en su libre elección; respecto de la contratación de servicios residenciales a las compañías operadoras de telecomunicaciones.
Es una muy buena noticia, especialmente por la actual crisis sanitaria del COVID-19, que mantiene en cuarentena obligada y voluntaria a gran parte de la población del país. Consecuencia de esto es que hoy millones de personas han adoptado el teletrabajo desde el hogar como nueva normalidad.
Esta situación ha presionado notablemente al alza la demanda por uso de Internet. Según Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones), el tráfico total de Internet fija y móvil ha crecido 40% en el país. Y con ello también han aumentado de manera muy relevante los reclamos contra las operadoras de telecomunicaciones, casi un 44% más, según el regulador del sector, comparado a la misma fecha de 2019; superando las 9.605 reclamaciones.
Entonces, podemos sostener que las recientes modificaciones a la Ley de Ductos han llegado justo en el momento en que al parecer más se las necesita.
Hoy, la normativa permite que los residentes de edificios, condominios y loteos, tengan la opción de elegir y cambiar de proveedor de servicios de Internet, Telefonía, y TV de pago; eliminando cualquier restricción o actividad monopólica por parte de las empresas proveedoras.
Además, establece que las nuevas edificaciones deberán considerar una Red Interna de Telecomunicaciones (RIT), construyendo una arquitectura que permita soportar las distintas tecnologías y capacidades, sin quedar restringido a un sólo operador.
Ahora las modificaciones al cuerpo legal agregan nuevas normativas y estándares de velocidad, y características técnicas para la infraestructura de telecomunicaciones a desplegar en barrios residenciales; y que las empresas operadoras tendrán que cumplir para ofrecer sus servicios.
Lo anterior abre inmediatamente la puerta a la Fibra Óptica como la tecnología más capaz para alinearse a los nuevos estándares de conectividad y velocidad que está exigiendo la Ley chilena. Y es importante destacar que para diseñar las modificaciones, los expertos reguladores realizaron estudios de legislación comparada con países desarrollados del primer mundo.
Las nuevas exigencias técnicas abordan directamente la situación actual: aumento exponencial del tráfico de Internet, junto con la cantidad de reclamos por caídas de servicio o no cumplimiento de las velocidades de ancho de banda contratadas por los consumidores.
Una de las tecnologías que actualmente se encuentra a la vanguardia de la conectividad es la arquitectura de red FTTH (Fiber-To-The-Home) y FTTA (Fiber To-The-Apartment). Éstas son redes de transmisión de alto desempeño, totalmente ópticas; con capacidad de llegar directamente a la vivienda del usuario.
Además, son redes pasivas, también designadas como Passive Optical Network (PON) y, por lo tanto, no tienen ningún elemento externo que necesite ser conectado a la energía, lo que garantiza su estabilidad operacional y óptimo desempeño.
Esta tecnología de vanguardia, gracias a la actual normativa vigente, ya está al alcance de cualquier usuario residencial. Además, la demanda por conexiones cada vez más rápidas está motivando a las compañías operadoras a elevar el nivel de sus servicios, acercándose a estándares de países desarrollados.
Para tomar referencia… En Francia, su actual regulación de infraestructuras de telecomunicaciones promueve el uso de Fibra Óptica como alternativa técnica que permite la mejor disposición de datos y la multiplicidad de operadores. El objetivo es lograr una cobertura mediante una red nacional de Fibra Óptica compartida por el Estado, las autoridades locales y los operadores privados. El programa se inició en 106 ciudades con una alta densidad habitacional.
Por su parte, en Portugal ha hecho especial énfasis en las normas técnicas aplicables en caso de subdivisiones, urbanizaciones y conjuntos de edificios (ITUR); además de medidas que eliminen o atenúen las barreras para la instalación vertical de Fibra Óptica, y que eviten la monopolización del acceso a los edificios por parte del primer operador en llegar al lugar.
Si en Chile se avanza en esta misma dirección, barrios y edificios cerrados y privados se beneficiarán de una mayor competencia en el mercado, lo que implica precios más convenientes para los usuarios, además de mejores estándares de velocidad y de ancho de banda por parte de las compañías de telecomunicaciones que ofrecen sus servicios.
Ahora es el turno del sector privado y el Estado de llegar a un gran acuerdo, que permita a los operadores invertir en el despliegue de las tecnologías que respondan a las dos grandes demandas de la población, y que llegaron para quedarse: más tráfico de Internet, y mayor calidad de ancho de banda, velocidad y estabilidad en las conexiones que hoy mueven gran parte de nuestras vidas.
Por algo la ONU ha definido que Internet es un derecho humano a proteger.